La concejal Rommy Arce, imputada por un delito de incitación al odio

• La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid la ha citado por los tuits contra la policía tras los disturbios de Lavapiés

La concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, Rommy Arce(Ganemos), ha sido imputada como supuesta autora de un delito de incitación al odio, según confirmaron ayer fuentes judiciales. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital ha admitido a trámite la querella presentada por el sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM, 3.000 afiliados, el mayoritario del cuerpo) por los tuits que publicó la edil durante los graves disturbios del barrio de Lavapiés del pasado 15 de marzo. La magistrada la ha citado para declarar el próximo 25 de abril.

La juez Esperanza Collazos dictó el pasado viernes 23 de marzo un auto en el que admitía a trámite la querella interpuesta por CPPM tres días antes. El sindicato, que formará parte de toda la instrucción como acusación particular, acusaba a la concejal presidenta de las juntas municipales de Usera y Arganzuela de haber difundido mensajes en la red social Twitter que podrían incitar al odio. La juez les ha dado la razón ahora, ya que, a través de las actuaciones practicadas hasta el momento, presume que se ha podido cometer ese delito de odio, según las fuentes judiciales consultadas.

El primer tuit que se incluye en la querella se publicó el 15 de marzo: “Lucrecia Pérez, Sanba Martine... hoy Mame Mbaye. Los nadie víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interores y exteriores. El pecado de Mame ser negro pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo”.

A este mensaje le siguieron otros dos el 17 de marzo: “Ayer Lavapiés dio una lección de democracia clamando justicia. Una concentración pacífica rindió homenaje a Mame Mbaye y exigió el fin de las políticas migratorias racistas y xenófobas que priva de derechos a las migrantes. No más persecuciones policiales en nuestros barrios” y “el portavoz de @manteroslateros @ghetto82 en L6Nvozpensionistas señala a la Ley de Extranjería que persigue, acorrala, discrimina y estigmatiza a los manteros. Es la causa de la muerte de Mame Mbaye. Exigen el fin del hostigamiento policial”.

Titularidad de la cuenta

La magistrada ha abierto diligencias previas tras admitir a trámite la querella. El auto judicial pide que se libre un oficio a Twitter España para que certifique a quién corresponde la cuenta @rommyarce, desde la que se emitieron los mensajes contra la Policía Municipal, según las fuentes judiciales.

La juez ha citado al secretario general del CPPM, Francisco Torres, a declarar en calidad de querellante el jueves 12 de abril.Rommy Arce deberá acudir el miércoles 25 abril a las 12.45 en calidad de querellada, junto con su abogado. Allí se le leerán sus derechos y se le interrogará, según fuentes jurídicas. Contra esta decisión, cabe recurso de reforma ante el propio Juzgado número 9 y de apelación ante la Audiencia Provincial.

Los sindicatos profesionales de la Policía Municipal anunciaron en los días posteriores a los graves altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés que se querellarían contra la concejal de Ganemos y otras personas por los tuits ofensivos que había publicado en su cuenta personal. Estos colectivos policiales recordaron que la edil había acusado a los agentes, pese a que la muerte del inmigrante senegalés Mame Mbaye, de 35 años, no se produjo tras una persecución a manteros, como algunos grupos antisistema difundieron la noche del 15 de marzo.

La querella del CPPM es la primera que ha sido admitida a trámite. Es posible que en los próximos días otros juzgados emitan autos similares contra la edil. Lo normal en este caso es que se unifiquen todos los procedimientos penales si se investiga a las mismas personas por los mismos hechos. Se hace por economía procesal y para evitar que existan pronunciamientos opuestos. La ley recoge que el primer juzgado que conozca el caso se haga cargo de los posteriores.

Ninguno de los cinco cargos que han sido imputados desde el inicio del actual mandato municipal (junio de 2015) ha dimitido de sus puestos. En los anteriores casos, los investigados han justificado su decisión de mantenerse en el puesto con la excusa de que no hubo enriquecimiento ni ánimo de lucro para los concejales o los altos cargos.

El punto 1.4 del código ético de Ahora Madrid recoge que se deberá renunciar o cesar “de forma inmediata de todos los cargos ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto, cohecho, malversación, apropiación de fondos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas”. También recoge la dimisión en el caso de delitos de “racismo, xenofobía, violencia de género, homofobia u otros contra los derechos humanos o de las personas trabajadoras”.