Fecha publicación: 17 de julio de 2020
Se trata de un documento con el que se pretende dotar al Sistema Nacional de Salud de una mayor capacidad para prevenir y atajar posibles incrementos de transmisión del COVID-19. Se ha acordado que el Plan sea revisado cuando sea necesario.
El documento aprobado hoy incorpora mejoras y concreciones técnicas, a propuesta de las comunidades autónomas, de diferentes ministerios y de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, dependiente de la Comisión de Salud Pública.
El Plan también establece respuestas por escenarios específicos, como el de los centros penitenciarios.
Lo cierto es que el impacto del COVID-19 ha sido bajo en los centros penitenciarios gracias a una rápida puesta en marcha de las medidas de aislamiento precoz al inicio de la epidemia. Pero dadas las características especiales de estos centros y el contacto estrecho de personas con patologías crónicas, la aparición de un brote de coronavirus podría suponer un grave problema.
Por eso, el Plan recomienda seguir las actualizaciones de las recomendaciones propuestas por las autoridades sanitarias. Los centros penitenciarios deberán colaborar en la recopilación, verificación y notificación de los datos para poder planificar e intervenir de forma adecuada.
Se recomienda, además, la adopción de sistemas de vigilancia reforzados en estos entornos y deberán disponer de planes de contingencia adaptados a las características específicas de cada centro.
La detección de un caso en un centro penitenciario deberá notificarse a las autoridades sanitarias de forma inmediata para adoptar las medidas oportunas, como son el aislamiento del caso y sus contactos, así como la indicación de cuarentena del módulo residencial.
Se realizará una búsqueda activa de casos y se valorará la posibilidad de hacer estudios de cribado en el resto de residentes y profesionales si la situación lo requiere.
Por otro lado, el Plan establece medidas específicas para colectivos de especial vulnerabilidad ante el COVID, como los migrantes que acceden de forma irregular a nuestro país. Se adoptarán medidas específicas para el diagnóstico precoz de estas personas.