Macrorredada contra alcaldes y policías locales por una red de contratos fraudulentos ligados a la seguridad vial

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional junto con la Fiscalía Anticorrupción han puesto en marcha a primera hora de la mañana de este martes la Operación Enredadera, en la que investiga una amplia trama de corrupción en la contratación de sistemas de control de tráfico como semáforos y videocamámaras que afecta a decenas de municipios de toda España. Supuestamente los ayuntamientos realizaban contrataciones irregulares de ese tipo de materiales y servicios en las que los policías locales hacían de intermediarios entre las empresas y los consistorios, y se cobraban comisiones.

Están siendo investigados un total de 44 ayuntamientos y dos mancomunidades. Se van a practicar 44 detenciones, la mayoría alcaldes (17), jefes de policías locales (10) y técnicos y empresarios. Y están previstas más de 70 citaciones, según fuentes policiales. Se prevén también 92 registros en 25 ayuntamientos, 30 despachos profesionales, 25 domicilios y 12 empresas. Una de las compañías implicadas en el caso es Aplicaciones Gespol S.L., proveedora de un softwarepara policías locales, con sede en Barcelona y filial de la constructora Sacyr (integrada actualmente en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales). Y uno de los principales detenidos, y "cabecilla de la trama", es el constructor José Luis Uribarri, salpicado también por la trama Gürtell.

El operativo, en el que participan 580 policías, arranca en julio de 2016 en el Ayuntamiento de Montgat (Barcelona), donde la Policía Nacional investigaba el supuesto amaño de contratos municipales para la instalación de radares de control del tráfico. La investigación posterior, dirigida por el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona y la Fiscalía Anticorrupción, ha extendido las pesquisas a toda España, encontrando también contratos de obra pública como "aparcamiento o pistas con diferentes usos", señalan fuentes de la investigación.

Solo en Madrid se investigan los ayuntamientos de Alcobendas, Fuenlabrada, Majadahonda, Arroyomolinos, Pinto, Villanueva de la Cañada, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Parla, Torrelodones, Manzanares el Real, Galapagar y Valdemorillo.  Y fuera de Madrid en sedes consistoriales de Asturias (Oviedo), Castilla y León (León, San Andrés de Rabanedo, Villaquilambre); y otros municipios de las provincias de Barcelona (Mollet de Valles y de Tiana), Teruel, Huesca, Plasencia, Velez-Málaga, Zaragoza, León, Asturias (Oviedo), Palencia, Illescas (Toledo) y Lleida.

Además hay requerimientos en la Diputación de Alicante, ayuntamiento de Mataró, Montgat, Oineda de Mar, Premià de Mar, Rubi, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O´Grove, San Vicent del Raspeig y Vitoria.

Entre los consistorios presuntamente implicados en esta trama, la mayoría son del Partido Popular, aunque también de alcaldías dirigidas por otros partidos como Ciudadanos, como la de Arroyomolinos (Madrid), cuyo alcalde, Carlos Ruipérez, está entre los investigados y ya fue denunciado por el nombramiento del jefe de la policía local, Guillermo García Jiménez (también en este ajo), aunque un juzgado de Valdemoro archivó el asunto.

Los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.